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José V., se acercó hasta las oficinas de la Coordinación General Defensorial Zonal 1, en Tulcán para presentar una denuncia, pues afirmó que recibió una facturación por servicio de energía eléctrica cuyo valor era altamente excesivo. Al parecer un valor correspondiente al subsidio del plan piloto de la cocina de inducción era asumido por EMELNORTE, pero en esta ocasión dichos rubros se le estaban cobrando al ciudadano.

Se admitió la petición del ciudadano, y se tomó contacto con la entidad EMELNORTE para conocer su respuesta. Efectivamente había un error en el cobro de los servicios al ciudadano, quien regularmente paga un valor no superior a los USD 5, en esta ocasión su planilla era de USD 40.

Por tal motivo se procedió a solicitar la corrección inmediata de los valores a fin de que el ciudadano pueda cancelar el monto real. Es así que se dejó insubsistente por parte de EMELNORTE dicha planilla y así José V., pudo cancelar únicamente lo correspondiente al uso del servicio.

El ciudadano agradeció la intervención defensorial, que permitió tutelar sus derechos y evitar una posible vulneración. Por otro lado, se recomendó a la empresa recordar su obligación de brindar servicios óptimos y de calidad.

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Asylum Access, organización no gubernamental que trabaja temas de movilidad humana pusó en conocimiento de la Delegación Provincial de Esmeraldas el caso de una ciudadana de nacionalidad colombiana que a quien una entidad bancaria le negó el pago de un giro a su nombre por no presentar cédula de ciudadanía ni pasaporte.

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo se trasladaron hasta la agencia de Banco del Austro para conocer el caso. Una vez en la agencia, el jefe de operaciones indica que la ciudadana no puede cobrar el dinero pues no tiene la documentación referida. Sin embargo se indica a la entidad que el carnet de refugio es un documento habilitante por el Ecuador para acceder de bienes y servicios tanto públicos como privados, por tal razón no hay motivo para pagar el giro a la ciudadana afectada.

Es así que el jefe de operaciones accedió a que se entreguen los valores a la ciudadana, una vez se le explicó la validez de este documento. Además de recordarle a la entidad bancaria que por su misma situación de movilidad es poco probable que cuente con cédula de ciudadanía o pasaporte, sin embargo ese no es motivo para negarle el acceso a servicios con calidad.

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José M., solicitó a la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente en Sucumbíos, los resultados de unas muestras de suelo realizadas en su propiedad, en el mes de enero y que hasta el momento no tienen respuesta.

El ciudadano insistió con una segunda petición ante el Ministerio del Ambiente, pero tampoco obtuvo respuesta a su pedido por lo que procedió a presentar la denuncia correspondiente ante la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo.

Una vez se admitió la queja, se procedió a remitir un oficio a la Dirección Provincial del Ministerio de Ambiente, recordando la obligación de las entidades públicas a permitir a la ciudadanía acceder a información pública, como es el caso del resultados de las muestras tomadas durante actividades institucionales en la propiedad del peticionario.

La Dirección provincial de la entidad ambiental, procedió a responder la petición de la Defensoría del Pueblo reconociendo su deber con respecto a información pública e informando los resultados de las muestras, que solicitaba el ciudadano desde hace cinco meses atrás. De esta manera el peticionario pudo conocer dichos resultados y también acceder a sus derechos.

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Tras conocer el caso de una estudiante de educación básica, a quien la Unidad Educativa Víctor Sergio Ron Vega de Puerto Francisco de Orellana notificó la pérdida del año lectivo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de la Coordinación Zonal 2, emitió una resolución en la que exhortó a las instituciones educativas a proteger el derecho a la educación, respetando el principio del interés superior del niño, sobretodo cuando se necesitan políticas de atención especial.

La madre de la estudiante de sétimo año de educación básica afirmó que la pérdida de año de su hija se debía a la negligencia del personal docente de la unidad educativa, pues ella como representante legal en varias ocasiones se acercó al plantel solicitando conocer el estado académico de su hija, pero pese a las múltiples insistencias que realizó le afirmaron que la adolescente estaba bien.

En ese contexto, la Institución Nacional de Derechos Humanos inició una investigación defensorial, donde se determinó que la alumna presentaba desórdenes de conducta que requerían la implementación de necesidades educativas especiales en el aprendizaje. Lamentablemente, la unidad educativa no contaba con una planificación de desempeño de la estudiante y no disponía de planes de refuerzo, afectando directamente a la estudiante.

Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo emite una resolución en la que exhorta al Distrito de Educación de Orellana para que el año lectivo 2016 - 2017 disponga a las instituciones educativas realizar planes anuales y semanales de clases de todas las asignaturas de educación general básica y bachillerato, en los que se describa de una manera clara y objetiva, las estrategias y las acciones para garantizar el derecho a una atención preferencial para las y los estudiantes con necesidades educativas especiales.

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La Delegación Pichincha de la Defensoría realizó una vigilancia de debido proceso en el caso de una presunta vulneración de derechos de una persona adulta mayor, para lo cual efectuó varias visitas in situ al centro donde se encontraba para observar su estado de salud y las condiciones en las que permanecía en el lugar.

Tras el recorrido se comprobó que la adulta mayor se encontraba en un espacio seguro y que es su voluntad permanecer en dicho dentro del centro, pues ahí recibe atención, cuidado y cariño. Con esta intervención se garantizó la vida digna de esta persona de atención prioritaria y el respeto a su proyecto de vida.

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El hijo de un ciudadano adulto mayor con enfermedad catastrófica privado de libertad, acude a la Defensoría del Pueblo solicitando la intervención de la institución, con el fin de que su padre reciba atención médica especializada por su alta vulnerabilidad.

La Delegación Provincial de Napo una vez recibida la queja toma contacto con el Director encargado del Centro de Rehabilitación de Archidona, a quien se solicita información y se exhorta que el privado de libertad por su condición etaria y la enfermedad que posee reciba la atención médica de manera oportuna.

Además se mantiene otra reunión de trabajo con la Directora del Hospital José María Velazco Ibarra, quien informa que el ciudadano recibió el tratamiento médico necesario, comprometiéndose a brindarle una  atención prioritaria, de calidad y oportuna.

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El señor Darío G. comparece a la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo para presentar una petición contra del almacén Novisolutions Cia. Ltda, donde compró un auto a control remoto para niño que presentó fallas y cuya garantía -supuestamente de un año- no cubría los daños que aseguraban era por el uso.

El peticionario señaló que al momento de adquirir el vehículo convertible a control remoto en una sucursal de Ambato -y por el que pagó USD 256,00- solicitó a la vendedora que se realice una prueba, pero no atendieron su requerimiento aduciendo que el juguete estaba empacado y asegurando que tenía garantía, por lo que el ciudadano cedió.

Lamentablemente el juguete de inmediato presentó daños por lo que lo llevó al servicio técnico del almacén, donde le manifestaron que el daño se debía al uso sin corroborar la afirmación con un informe técnico. Le informaron también que debía cancelar la cantidad USD 100,00 por la reposición de la batería y los gastos de envío, pues el juguete estaba en Quito.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo convocó a las partes a una audiencia pública en la que cada uno expuso sus argumentos, llegando a un acuerdo. Así, el representante de Novisolutions Cia. Ltda se comprometió a entregar un vehículo a batería convertible deportivo a control remoto para niño nuevo con las mismas características en un plazo de 12 días. De esta manera se tutelaron los derechos del ciudadano a recibir productos de calidad.

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Una ciudadana adulta mayor se acercó a la Delegación Provincial de Cotopaxi para presentar una queja contra la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. por el cobro excesivo en la plantilla del servicio de luz.

La peticionario solicita que se verifique el estado de su medidor por cuanto el valor por el consumo de 11 meses ascendía a USD 1 248. Además aseguró que la empresa proveedora no realizaba lecturas reales sino estimativas.

Tras la gestión defensorial se logró que la empresa eléctrica retire el medidor anterior y coloque uno nuevo. Respecto a la deuda, se realizó el cálculo de acuerdo al valor real consumido en el período de tres meses (USD 157,02). De esta forma se tuteló el derecho de la ciudadana -perteneciente a un grupo de atención prioritaria- a recibir servicios públicos domiciliarios de calidad.

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A la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo acude Jaime C. para presentar una queja contra la Empresa Eléctrica Ambato, sucursal Puyo, por no instalar -desde hace dos meses que lo solicitó- las conexiones necesarias para el funcionamiento de la cocina de inducción.

Para solucionar el pedido del ciudadano la Institución Nacional de Derechos Humanos realizó una gestión oficiosa y visitas in situ con el fin de viabilizar la instalación inmediata de la cocina de inducción en el domicilio del peticionario, un adulto mayor.

Luego de las diligencias emprendidas por la Defensoría del Pueblo se logró agilizar este proceso.

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La Coordinación Zonal 4 conoció el caso de Pabla B. una ciudadana que había acudido al hospital de SOLCA en Portoviejo en donde le dijeron que no podían hacerle un examen de punción. Una vez analizado el caso, se observa una presunta vulneración de derechos y la Coordinación General Defensorial Zonal 4,a fin de verificar la observancia de los derechos que le asisten a la peticionaria, determina realizar una Gestión Oficiosa para una posible solución del caso.

Inmediatamente se realiza una visita a las instalaciones de SOLCA con la finalidad de mantener diálogo con el Asesor Jurídico de la entidad, quien conjuntamente con el Dr. Ángel Ganchozo, responsable del área médica, se comprometen a gestionar de manera inmediata la respectiva cita médica para la realización del examen de punción para realizar la biopsia a la paciente. En la misma semana se confirmó a la Coordinación que han realizado satisfactoriamente el examen a la ciudadana respetando así su derecho a la salud.

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Varios ciudadanos, especialmente personas con discapacidad y adultos mayores, comparecen a la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo en Bolívar y manifiestan que vendedores de almacenes Japón, bajo engaños y mentiras, les dejaron unas cocinas de inducción con el argumento de que eran gratuitas y enviadas por el gobierno para lo cual les solicitaron la planilla de la energía eléctrica y la copia de la cédula y sin mayor explicación proceden a hacerles firmar el pagaré.

in embargo, al recibir los usuarios sus planillas de consumo de la energía eléctrica se encuentran con que deben cancelar un valor de casi $30 dólares mensuales por concepto del pago de las cocinas. Luego de la intervención defensorial correspondiente el Almacén procede a cancelar la venta y los afectados realizaron la devolución de las cocinas quedando sin efecto la venta de los artefactos y respetando los derechos de los usuarios afectados que además pertenecen a un grupo de atención prioritaria.

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Un ciudadano acudió a la oficina de la Delegación de la Defensoría del Pueblo en Babahoyo donde indicó tener en su poder a un menor abandonado por sus padres y que al querer ponerlo a estudiar le piden la cédula de identidad y el Registro Civil no le puede otorgar este documento de identidad.

Se realizaron las gestiones pertinentes ante el Registro Civil para que el menor de edad obtenga su cédula de identidad, ya que dicha entidad no podía emitir la cédula por encontrar inconsistencias en el número entre el acta de nacimiento cantonal y nacional por lo que fue necesario realizar una resolución administrativa para corregir el error y posterior a aquello realizar el ingreso del menor al sistema de cedulación.

Mediante la correspondiente gestión oficiosa se logró corregir el error en las actas de nacimiento cantonal y nacional del menor, que impedía el ingreso al sistema del mismo para obtener su cédula de identidad.

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Miriam R., ciudadana de nacionalidad venezolana acudió hasta las oficinas de la Coordinación General Defensorial Zonal 6, para presentar una denuncia por presunta vulneración a sus derechos. La ciudadana lleva en Ecuador alrededor de 15 años, tiempo durante el cual ha establecido una relación con un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana con quien ha procreado hijos.

Lamentablemente por su situación económica no pudo realizar anteriormente los trámites correspondientes a su permanencia. Sin embargo al momento de querer realizar el procedimiento le informan que como requisito para solicitar la permanencia, debe contar con una cuenta de ahorros en la que se registren depósitos mínimos de un salario básico, lo que es imposible cumplir pues la peticionaria no trabaja.

La  Coordinación tomó contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para buscar una solución alternativa al caso de la ciudadana y se procedió a convocar a una audiencia, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores no acudió. En su reemplazo remitió información con las opciones a las cuales puede acceder la peticionaria para poder legalizar su estadía en el país.

De esta manera, Miriam R., solicitó una visa Unasur, la cual tiene vigencia de dos años y puede ser renovada. Luego de la tramitación correspondiente la ciudadana pudo obtener su visa y solucionar su situación migratoria en el Ecuador.

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Una ciudadana acudió hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo en la Delegación Provincial de Azogues para presentar una queja por excesiva facturación por parte de la Empresa Eléctrica Centro Sur, pues según dicha entidad la peticionaria debe un valor aproximado a los USD 10. 500.

Una vez, presentada la queja se tomó contacto con la empresa eléctrica para que brinde detalles del cobro emitido a la ciudadana. La empresa realizó una verificación sobre el caso, reconociendo que efectivamente se trataba de un error durante la lectura del medidor, por tanto se procedió a cobrar el valor real de consumo que era de USD 9.09.

Se recordó a la empresa prestadora del servicio la obligación de brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad, a fin de evitar inconvenientes como los presentados en este caso.

Por su parte, la peticionaria agradeció la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues permitió evitar una posible vulneración a sus derechos

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Iliana S., se acercó hasta la Coordinación General Defensorial Zonal 7 en Loja para dar a conocer que participó en un concurso de méritos y oposición para docente titular en la Universidad Nacional de Loja, y que una vez ganó el concurso, tanto el rector como Vicerrector no han procedido a firmar los nombramientos de las personas que han ganado el proceso, argumentando que los postulantes no rindieron una prueba oral.

La Defensoría del Pueblo al conocer el caso le da seguimiento al mismo, conociendo que ya hay pronunciamientos judiciales sobre el mismo. En primera instancia por ejemplo, en la Unidad Judicial de Trabajo la Jueza negó una acción de protección presentada por los concursantes, sin embargo los Jueces de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Loja aceptaron dicho recurso, y se ordenó además acatar la resolución del Consejo de Educación Superior.

La Defensoría del Pueblo, además tomó contacto con la autoridad de la universidad, quien informó que la entidad educativa está presta a acatar lo dispuesto por los jueces una vez concluya el caso. Cabe mencionar que la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, solicitó forma inmediata a la rectoría, instrumente las acciones o medidas necesarias para la ejecución de todos los nombramientos expedidos, y aceptados por los beneficiarios debidamente registrados, conforme se dispone en la sentencia expedida por la Sala Penal.

Por tanto, en afán de tutelar los derechos de las personas ganadoras del concurso la Defensoría del Pueblo, ha estado pendiente del cumplimiento de sentencia, garantizando así la protección de derechos de las personas ganadoras de dicho concurso.

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La Delegación Provincial de Zamora Chinchipe, inicia de oficio una investigación defensorial, al conocer a través de los medios de comunicación que la Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe (EMMSZACH), resolvió el cobro de USD 10 a los y las usuarias de dicha empresa que no formen parte de la mancomunidad.

El alcalde del cantón Zamora, expresó su inconformidad a este cobro, aduciendo que el mismo era inconstitucional y representa además discriminación.

La Defensoría del Pueblo, solicitó al presidente de EMMSZACH un informe con la resolución adoptada por la mancomunidad para el cobro de esta tasa. Efectivamente la empresa remitió dicho informe en el cual se evidencia que se ha cumplido con los parámetros correspondientes de procedimiento.

En tal sentido, se recomendó a la Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe que compartan con los medios de comunicación información clara a fin de evitar posibles malos entendidos. Además de solicitarles la realización de una campaña de sensibilización a las y los funcionarios que laboran en dicha entidad sobre el respeto a los derechos humanos, actividad que se realizaría conjuntamente con la Defensoría del Pueblo en dicha provincia.

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Juan S. comparece a la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo y manifiesta que inició un trámite en el Ministerio de Salud Pública a fin de obtener la autorización correspondiente para adquirir un vehículo nuevo exonerado de algunos tributos tal como lo dispone la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento General. Dicho trámite se demoró demasiado tiempo y pese a tener los requisitos, le respondieron que no calificaba a la solicitud.

Una vez que la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de esta petición inició una investigación mediante la cual solicitó información acerca del trámite a la Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública.

Las acciones defensoriales dieron como resultado que el peticionario pueda acogerse a los beneficios tributarios destinados para personas con discapacidad de conformidad a la Ley.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Salud Pública adecuar su normativa y procesos a fin de que sea posible ejercer el principio de atención prioritaria de las personas con discapacidad.

De esta manera, se tuteló el derecho a la igualdad formal, material y a la no discriminación de las personas con discapacidad.