A través de una gestión oficiosa, la Delegación Provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo tuteló los derechos de un grupo de personas adultas mayores con enfermedades como diabetes e hipertensión, quienes denunciaron la falta de atención y medicamentos en las casas de salud de la provincia, así como el irrespeto al cobro de medio pasaje en el transporte público.
El presidente del grupo «Casa del Diabético» denunció la falta de apoyo de las autoridades locales en el tema de medicamentos y asignación de profesionales de salud, motivo por el cual la Institución Nacional de Derechos Humanos concretó una reunión con representantes locales del Ministerio de Salud, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Dirección Municipal de Tránsito Terrestre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Tena y la Unión de Operadores de Transporte de Napo; a fin de buscar alternativas de solución y tutelar derechos de este grupo de atención prioritaria.
Como resultado de este encuentro se suscribieron varios acuerdos entre ellos: generar un sistema de agendamiento interno para pacientes, especialmente de la “Casa del Diabético” y darles prioridad en la dotación de medicamentos. Además, se acordó realizar un proceso de socialización de derechos sobre el cobro del 50% de pasajes a adultos mayores.
Asimismo, se acordó con la Unión de Operadores de Transporte realizar jornadas de capacitación en materia de derechos humanos con los socios y emprender campañas de difusión de temas de derechos junto al Consejo Cantonal de Derechos.
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La Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo logró que el Ministerio de Salud Pública otorgue a una persona adulta mayor el carné y el certificado de discapacidad, para que sea atendido en el la red de salud pública de Tungurahua.
La persona perteneciente a uno de los grupos de atención prioritaria tiene un cuadro clínico complicado, pues a más de la discapacidad física del 62% tiene hipertensión arterial, artritis deformante de manos, tiroides y problemas auditivos.
El peticionario aseguró que en varias ocasiones acudió al Centro de Salud de Quero para su tratamiento y para solicitar el carné, sin recibir una respuesta favorable.
Al conocer el caso, se tomó contacto telefónico con la Directora Distrital de Salud de Quero, a quien se informó la situación de la persona. Luego de la explicación la autoridad de salud en la provincia se comprometió a tramitar el carné y la atención integral.
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La Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo tuteló los derechos de consumidor de un ciudadano venezolano, a quien una cooperativa de ahorro y crédito no entregó el dinero de una póliza a tiempo, evitando su salida del país.
El peticionario tenía USD 1.200 en una póliza a plazo fijo en dicha entidad financiera y en varias ocasiones solicitó el retiro de valores tras cumplir el plazo establecido, pues su visa estaba por expirar y necesitaba regresar a Venezuela.
El ciudadano tenía comprado el boleto de avión pero por el retraso en la entrega de su dinero perdió el vuelo. La cooperativa en consideración a los inconvenientes se comprometió a cubrir los valores de penalización de cambio de pasaje aéreo y de hospedaje.
Una semana después el peticionario no recibió ninguna respuesta. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador realizó una visita a la institución financiera y se dialogó con el gerente, quien se disculpó por lo sucedido y entregó los valores correspondientes al ahorro y el monto adicional para cubrir los gastos ocasionados por el retraso.
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La Delegación Provincial Pastaza de la Defensoría del Pueblo logró que la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A devuelva los valores cobrados a un ciudadano por la adquisición de una cocina de inducción a crédito.
El peticionario informa que en junio de 2017 se anuló el crédito por concepto de venta de una cocina de inducción pero que en diciembre del mismo año nuevamente estaba en el registro dicho valor.
Al conocer el caso, la Defensoría del Pueblo acudió a la empresa eléctrica para informar del inconveniente y solicitar se constaten los documentos del ciudadano. Al verificar que efectivamente se anuló la transacción por pedido del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable se devolvieron USD 106,00.
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La Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo garantizó el derecho a la educación de 13 niños, niñas y adolescentes, quienes iban a ser transferidos/as de colegio, en la ciudad de Quito.
Un grupo de padres y madres de familia acuden a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para informar que sus hijos/as serían transferidos/as del Colegio 24 de Mayo a otros colegios debido a que se presumía que los cupos asignados en instituciones escolares emblemáticas como dicho colegio, habían sido adquiridos de manera irregular.
Una vez que la Coordinación Zonal 9 tiene conocimiento de esto, decide interponer una Acción de Protección que fue conocida por el Tribunal de Garantías Penales.
Los jueces fallaron a favor de los niños, niñas y adolescentes, considerando que el transferirlos/las habiendo iniciado ya el año lectivo, podía constituir una vulneración al derecho a la permanencia como derecho conexo a la educación.
Finalmente los jueces ordenaron que las niñas, niños y adolescentes permanezcan en el Colegio 24 de Mayo y recomendaron a las autoridades que tomen medidas pertinentes a fin de que no vuelva a ocurrir algo similar en el futuro.