Para entender el conflicto en la frontera norte del país, hay que entender un proceso histórico señaló, Patricio Benalcázar, defensor del Pueblo (s) la mañana de hoy en una entrevista en Pichincha Universal.

La situación de la población fronteriza responde a años de abandono de los gobiernos de Ecuador y Colombia que genera una economía ilícita, no solo producto del narcotráfico, sino también de minería ilegal, contrabando, e incluso relacionada a la agricultura.

El Defensor (s) también explica que el tema del desplazamiento de la población en la frontera se remonta hace más de 15 años, específicamente en la zona de Tumaco. “Son episodios que se repiten. En estos días, la situación se ha agudizado por dos instancias específicas: no es un tema solamente de post-conflicto donde estos grupos ilícitos desplazan a la población o quieren que participen de esta economía ilícita. Entonces vives en silencio o mueres”.

La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en señalar la importancia de generar más posibilidades y opciones de vida para esta población, con el fin de evitar el crecimiento de esta economía ilícita y la vinculación de la ciudadanía con grupos armados. “La estrategia solo militar no es suficiente. No garantiza la distinción entre víctimas y victimarios”, señaló Benalcázar.

La segunda instancia tiene relación con la división de estos grupos disidentes, que ya estaban presentes vinculados al narcotráfico, paramilitarismo y demás, lo que genera una disputa por el territorio y esto significan enfrentamientos y agresiones a las poblaciones locales.

Precisión en términos objetivos es el pedido del Defensor (s) ante el tema de desplazados. La Institución cuenta con equipos operativos en San Lorenzo - Esmeraldas para el levantamiento de las cifras. Además, trabaja conjuntamente con otras instancias del Estado y Naciones Unidas para dar atención a los desplazados.

“El primer desplazamiento que ocurre después de la detonación de la primera bomba el pasado 27 de enero, fueron cerca de 200 personas que llegaron a San Lorenzo. Este grupo logró integrarse a las familias cercanas. No fue un desplazamiento en el estricto sentido en albergues, a pesar de haber albergues. El desplazamiento que ahora estamos viviendo habla de 151 personas, alrededor de 41 familias. Hay dos albergues dispuestos en San Lorenzo que tienen capacidad para 400 personas”.

Benalcázar asegura que estos desplazamientos van a continuar por el temor latente en la zona. Además, hay que tomar en cuenta la presencia de pueblos indígenas, específicamente el pueblo Awá que se encuentra en cuatro provincias: Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos. Hay cerca de nueve de estas comunidades afectadas en la zona de San Lorenzo (Esmeraldas) que agrupa a cerca de 2.500, de un total aproximado -en el cordón fronterizo- de 5.200 personas. La información oficial señala que no existen desplazamientos de estas comunidades hasta la fecha. Los líderes de la comunidad no consideran como opción salir de sus territorios.

Finalmente, se informó sobre el trabajo conjunto de la Defensoría con instituciones del Estado, locales, defensoras de los derechos Humanos, entre otras. “La lógica es ir a apoyar a las comunidades. Es un tema humanitario que no se puede descuidar y de Derechos Humanos”.

Audio completo de la entrevista