El 15 de junio de 2015, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de la Personas Mayores, con el objetivo de que los Estados miembros promuevan, protejan y aseguren el reconocimiento y pleno ejercicio de derechos de este grupo social, para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

En América Latina, de acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la región el envejecimiento se incrementa, siendo las mujeres y las personas de las áreas rurales, el grupo más afectado. La dependencia económica, el trabajo no remunerado, el abandono, el maltrato y la discriminación en contra de este grupo social, menoscaban el acceso a cuidados, atención de salud, servicios socio-sanitarios, seguridad social, participación económica, autonomía, integridad física y psicológica, entre otros derechos de las personas en edad avanzada. Cabe mencionar que en contextos de pobreza y desigualdad socioeconómica, la afectación de sus derechos se profundiza.

Por ello, es imperativo que los Estados desarrollen y fortalezcan mecanismos de orden económico, jurídico, institucional y cultural que protejan a las personas adultas mayores.

En el caso de Ecuador, las personas adultas mayores son reconocidas constitucionalmente por grupos de atención prioritaria. En atención a esta condición, es necesario fortalecer los mecanismos normativos e institucionales para asegurar su defensa, independencia, autonomía, participación, integración e igualdad de oportunidades.

En esa línea, el Defensor del Pueblo:

  1. Alienta al Gobierno Nacional para que el Estado ecuatoriano suscriba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
  2. Pide a la Asamblea Nacional ratificar dicha Convención y plantear un diálogo nacional sobre la necesidad de normativa especializada para proteger a las personas adultas mayores, así como considerar un Sistema de Protección de Derechos que tutele a este grupo social.
  3. Felicita a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que han incorporado ordenanzas de protección a favor de personas adultas mayores e invita a sumarse a otras provincias y cantones.
  4. Invita a la sociedad ecuatoriana para que se involucre activamente en una cruzada nacional para la firma de este convenio internacional.

El proceso de envejecimiento no puede ni debe convertirse en sinónimo de pérdida de oportunidades o disminución de derechos. Por ello, es momento de que las instituciones públicas, las familias y la comunidad juntemos todos los esfuerzos a favor de la justicia y la dignidad en esta etapa de la vida.

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Ramiro Rivadeneira Silva

DEFENSOR DEL PUEBLO