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Este 2 y 3 de marzo, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, participó en la Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre el tema “Políticas Públicas para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, desarrollado en Santiago de Chile.

Este evento se llevó a cabo con la colaboración del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América del Sur (ACNUDH), la colaboración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el financiamiento de ACNUDH, el Gobierno de Suiza, el Gobierno de los Países Bajos y el Gobierno de Noruega.

La sostenibilidad y el comportamiento responsable de las empresas ha tomado especial relevancia en la agenda pública y privada de los países, influenciada por importantes hitos presentados en el contexto mundial.

El objetivo de esta actividad fue propiciar un encuentro entre representantes del sector público de América Latina y el Caribe, organismos internacionales y otras partes interesadas relevantes, para compartir los avances, intercambiar experiencias e identificar retos y oportunidades, en el desarrollo de políticas públicas, en particular Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), que fomenten el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, con base en los fundamentos teóricos que ofrecen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Este desarrollo se hace evidente en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar.

El titular de la Defensoría del Pueblo, en su intervención, enfatizó el deber del Estado de proteger a la ciudadanía del poder empresarial ante las posibles vulneraciones de derechos, para lo cual es fundamental incrementar y mejorar la capacidad del Estado de regular y controlar que las empresas realicen este tipo de actividades bajo su jurisdicción, más allá de las obligaciones meramente legales y económicas que actualmente poseen.

Por otro lado, Rivadeneira señaló como otro pilar importante, la responsabilidad de las empresas de respetar, y recalcó que es necesario hacer un trabajo coordinado con las mismas. “Si el primer pilar requiere de la voluntad política del Estado, el segundo pilar requiere del compromiso y la voluntad política de las empresas.”

Por tanto, el compromiso empresarial sobre su responsabilidad en materia de derechos debe superar la lógica que ha imperado hasta el momento y evitar así, posibles vulneraciones de derechos humanos.

Al evento asistieron representantes de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Holanda, Suiza, Reino Unido, instituciones como OIT, UNCTAD, PNUD, UNICEF, UNGC, los Institutos Nacionales de Derechos Humanos y/o Defensorías del Pueblo (INDHs), representantes de sociedad civil sociedad civil (ONG, sindicatos, academia, centros de estudios, del sector privado y organizaciones subregionales como SICA, Mercosur, IPPDH-Mercosur, UNASUR y CIDH.

Con este encuentro regional se espera construir una visión compartida entre los diferentes países LAC para abordar la importancia respecto de la definición de políticas públicas y planes nacionales que fomenten las conductas empresariales en respeto por los derechos humanos.
Acceda a la entrevista realizada al Defensor del Pueblo en Chile Aquí