Ante el violento atentado ocurrido este sábado 27 de enero de 2018 en las instalaciones de la Policía Nacional en San Lorenzo, Esmeraldas, que dejó un saldo de 28 heridos entre Policías y población civil y cuantiosos daños materiales, la Defensoría del Pueblo censura el acto y solicita a las autoridades competentes la debida diligencia en la investigación, para determinar los responsables, su procesamiento y sanción, y la reparación a las víctimas por los daños ocasionados; así como, exhorta al Gobierno Nacional y autoridades locales a dar una respuesta integral para el desarrollo sostenible de la Zona Norte.

El Cantón San Lorenzo está habitado por más de 42.500 personas, de las cuales el 39% son afrodescendientes, 35% mestizas, 18% indígenas de los pueblos Awa, Chachi y Epera. Zona que durante los últimos 15 años ha sido objeto de una agresiva penetración de capitales nacionales y transnacionales dedicados a actividades extractivas de minerales, madera y palma africana, con limitada regulación por parte de las entidades rectoras; que junto a la dinámica del narcotráfico en la zona, generan un gran impacto ambiental y reconfiguran las lógicas económicas y sociales de la región.

La ausencia estructural e histórica del Estado ecuatoriano en la Zona Norte de Esmeraldas se refleja en sus indicadores sociales y de acceso a servicios: la tasa de analfabetismo del Cantón es del 16,9% la segunda más alta de la provincia después del Cantón Eloy Alfaro, el índice de necesidades básicas insatisfechas es del 82,7% frente al 61,3% nacional, el acceso al alcantarillado es del 40% en la zona urbana y 2% en la rural, el acceso al agua potable es del 42,1% en la zona urbana y 0,9% en la rural, siendo un escenario con limitadas alternativas de desarrollo sostenible frente a los actores y factores económicos que amenazan con violencia a la población civil local.

La grave problemática de San Lorenzo trascendió las fronteras, cuando el sistema internacional de derechos humanos, a través del Comité para Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, emitió en agosto del 2017 expresas recomendaciones al Ecuador, manifestando su preocupación respecto al impacto negativo que tiene el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales, inclusive la minería ilegal y tala ilegal en los territorios de pueblos indígenas y afro ecuatorianos, que ocasionan daños irreparables al medio ambiente y a su tradicional forma de subsistencia.

Este violento atentado vivido el sábado 27 de enero es síntoma de una compleja realidad que históricamente ha vivido la Zona Norte de Esmeraldas. En esa perspectiva, el estado de excepción dispuesto por el Presidente de la República debe tener como finalidad el establecimiento de la paz y seguridad para la región y debe cumplir con los estándares de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, respetando siempre el principio de distinción entre víctimas y victimarios; además, demanda de las instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto, una actuación más efectiva y justa para el desarrollo sostenible de esta región, en el que se garantice la participación de las comunidades locales.

 

Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo de Ecuador

 

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